Emanuel Polo fue imputado el viernes por el supuesto delito de desobediencia judicial, a raíz de la publicación en Facebook de un video de una audiencia judicial en el que aparecerían adolescentes menores de edad, con elementos que permitirían identificarlos.
La imputación fue formalizada por la fiscal de Investigaciones Concretas, Daniela Di Tomaso. Según la acusación, la difusión del material habría expuesto la identidad de los adolescentes, en una conducta que podría vulnerar las normas de protección de niños, niñas y adolescentes.
En una audiencia posterior, el juez de Garantías, Daniel Insaurralde, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva por tiempo indeterminado. También ordenó que Polo sea alojado en la Alcaidía local, con un posible traslado a la Unidad Penal N.º 6 de Corrientes en los próximos días, según versiones citadas en la información original.
Hasta el jueves, Polo cumplía arresto domiciliario en el marco de otra causa iniciada en septiembre de 2025, en la que está imputado por el presunto delito de abuso sexual simple. La víctima sería un menor de edad y, de acuerdo con la información difundida, el expediente estaría próximo a ser elevado a juicio oral. En la audiencia por la nueva imputación también intervino la asesora de Menores, Fiorella Cusinato.
Las condenas anteriores
Polo registra antecedentes de condenas firmes. En julio de 2024, mediante un juicio abreviado, fue condenado a dos años de prisión en suspenso por lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas simples. La víctima fue su expareja, quien cursaba un embarazo de ocho meses al momento de los hechos.
Además, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó el 7 de febrero de 2025 una condena de dos años y seis meses de prisión por atentado contra la autoridad agravado por haber puesto manos en la autoridad y desobediencia judicial reiterada. La causa se relacionaba con el incumplimiento de una prohibición de acercamiento a su expareja y una agresión a un agente policial.
Sin embargo, según la información difundida, la demora en la confirmación de esa condena habría derivado en la prescripción de la causa y en la imposibilidad de ejecutar la pena. Las nuevas imputaciones deberán seguir su curso judicial, mientras rige la presunción de inocencia respecto de los hechos que aún no cuentan con una condena.
